En Agosto del 2011, Comunidades Unidas presentó una Solicitud al MICI a nombre de los vecinos de la localidad de Fontibón alertando acerca de una serie de preocupaciones sociales y ambientales producto de la implementación del proyecto del BID correspondiente a la modernización, expansión, gestión y operación del Aeropuerto Internacional El Dorado (el Proyecto) en Bogotá, Colombia. El préstamo del BID de US$165 millones fue otorgado a la Sociedad Concesionaria Aeroportuaria Internacional S.A. (“OPAIN”), la cual cuenta con un contrato de concesión por 20 años para operar el aeropuerto. El contrato de OPAIN con la agencia gubernamental Aerocivil incluye, en adición al proyecto de expansión y modernización, la responsabilidad de operar las facilidades del Aeropuerto, pero la responsabilidad de mitigar el ruido quedó a cargo de la Aerocivil.
En consecuencia a los altos niveles de ruido generados por la operación aérea, la comunidad aledaña ha manifestado numerosas quejas, especialmente a lo largo de los últimos años, desde que se ha desarrollado la construcción de la nueva Terminal del Aeropuerto.
En Febrero del 2008, más de dos años antes de aprobar el Proyecto, el BID publicó un documento sobre la Estrategia Ambiental y Social por el Proyecto que incluyó una descripción preliminar de los impactos del mismo. Este documento reconoció claramente que el Proyecto resultaría en un incremento del ruido, diciendo: “During operations, the expanded airport will result in increased noise… from additional take-off and landing operations.” No hay evidencia alguna en los documentos públicos sobre el Proyecto que considere que esta evaluación temprana hubiese sido incorrecta. Es decir que desde la evaluación preliminar del Proyecto, el BID identificó el incremento del ruido como uno de los riesgos ambientales y sociales del Proyecto y nunca renunció a este punto de vista ni cambió el Proyecto para evitar este impacto.
En abierta violación a sus Políticas Operativas y al plan de diligencia debida, el BID no surtió los pasos necesarios para asegurar que el Proyecto tuviera un plan de mitigación del ruido suficiente. Contrario a los requisitos de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), el BID obvió de manejar los riesgos asociado con Aerocivil, ignoró las obligaciones con respecto al desarrollo de un Plan de Gestión Ambiental y Social en consulta con las comunidades afectadas por el ruido, no aseguró que el Proyecto cumpla con la legislación nacional y no siguió con su propio plan de diligencia debida.
Después de una demora lamentable, recibimos el informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) – la oficina independiente de rendición de cuentas del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) – sobre el proyecto de la ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado.
El informe de MICI – un informe independiente – valida nuestras inquietudes sobre el costo humano del aeropuerto ampliado y la falta de gestionar sus impactos negativos por parte de OPAIN y sus inversores. En particular, MICI concluyó que el Banco incumplió con siete diferentes aspectos de sus salvaguardias ambientales y sociales.
MICI hizo varias recomendaciones para evitar tal daño en futuras operaciones del banco. Además, MICI hizo dos recomendaciones para mejorar la situación en Bogotá:
• El banco debe publicar en el sitio web del Banco todos los documentos de divulgación obligatoria incluyendo el plan de gestión ambiental y social para la operación Aeropuerto Internacional El Dorado, preferentemente en idioma español (párrafo 4.4).
• El banco debe analizar, en coordinación con las autoridades competentes colombianas, vías para apoyar el fortalecimiento de la sustentabilidad ambiental y social del Aeropuerto (párrafo 4.6). Pero, lamentablemente, el Directorio del Banco adoptó esta recomendación, diciendo que tal acción es fuera su control, que su implementación depende exclusivamente de las decisiones de las autoridades colombianas. Porque el préstamo a OPAIN fue reembolsado temprano y ya no hay una relación contractual entre el banco y OPAIN. Estamos muy decepcionados por esta decisión.
A pesar de la falta de medidas concretas por el banco, podemos utilizar las conclusiones y recomendaciones de MICI para demandar de OPAIN, Aerocivil, los nuevos inversores en el aeropuerto y de las autoridades colombianas, la mejor gestión del ruido aeroportuario.