El informe cuestiona la falta de respeto y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores locales y las comunidades mapuche afectados por la extracción de hidrocarburos no convencionales en el megaproyecto “Vaca Muerta”, en especial la situación de la comunidad mapuche de Campo Maripe, cuyas tierras fueron concesionadas a YPF y Chevron en 2013. El documento solicita al Comité que incluya dos preguntas hacia el Estado Argentino en su informe de 2018, una sobre cómo garatiza los derechos de las comunidades y pueblos indígenas que viven dentro de las áreas de explotación hidrocarburífera y otra sobre las medidas tomadas para compatibilizar la extracción de combustibles fósiles, sobre todo los no convencionales, con los compromisos de Argentina sobre el Acuerdo de París.